Semana - Inspección judicial en Vaupés por líos de atención en salud

Sala de Revisión de la Corte Constitucional irá a la región para determinar el grado de amenaza por déficit de atención. Defensoría del Pueblo pide habilitar más centros de salud y comisiones médicas extramurales que puedan salir a atender emergencias.

Accidentes tan habituales como mordeduras de serpientes terminan en amputaciones, tasas de suicidio en aumento o las dificultades para la atención de problemas de salud mental, son algunas de las alertas que elevó la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional por la amenaza latente que vive la población en Vaupés.

Este departamento de 42.000 habitantes, el 60 % de los cuales son indígenas, está bajo la lupa de la autoridad defensora de derechos humanos por la desprotección que representa un sistema de salud que, dice la entidad, es insuficiente e inexistente. La situación se agrava teniendo en cuenta que existe una alta dispersión geográfica y una tardía comunicación con el Hospital ubicado en Mitú.

Por ello, una Sala de Revisión de la Corte Constitucional conformada por los magistrados Gloria Ortiz, Jorge Iván Palacio y Aquiles Arrieta realizará una inspección judicial en la región. Se trata de una diligencia que se llevará a cabo el lunes y el martes en la comunidad de San Miguel, en la zona del Pirá Paraná, y en Mitú, capital de Vaupés.

El defensor del Pueblo departamental, Carlos Javier Bojacá Galvis, le pide a la Corte que ordene a las autoridades nacionales y regionales tomar medidas administrativas, financieras y presupuestales para garantizar el derecho a la salud; que se amplíe la red de prestación de servicios en el departamento de Vaupés con mínimo cinco centros de salud adicionales, en zonas como alto y bajo Apaporis, zona del Pira Paraná, alto y bajo Vaupés, y que se aseguren al menos tres comisiones extramurales en las zonas dispersas geográficamente.

También solicita que se reactiven 10 centros de salud existentes en el departamento y que si es necesario, se envíen copias a los órganos de control para que inicien las investigaciones sobre la situación de la región.

Previo a la visita, la Corte Constitucional pidió a varias entidades su concepto sobre el tema de la salud de los indígenas de la zona. Algunas de ellas fueron la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. También rindió concepto la organización no gubernamental Sinergias que, en cabeza de su director, médico Pablo Montoya, envió recientemente al alto tribunal un documento de 27 páginas en el que aportó un análisis serio para la inspección judicial y en el que resalta la falta de disponibilidad y acceso a servicios de salud por parte de la mayor parte de la población del departamento.

Según la información recogida por el alto tribunal, en la zona existen 27 comunidades, algunas en vía de extinción física y cultural, entre las que se destacan los pueblos Cubeo, Desano, Tukano, Bará, Barasana, Curripaco, Guanano, Jupda, Jujup, Kakua, Makuna, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tatuyo, Tuyuca, Yurutí, Tanimuka, y Tariano.

Cada grupo tiene una lengua y unas características culturales particulares, aunque la mayor parte de la población indígena se identifica con la lengua Tukano Oriental. Su organización social es patrilineal (la descendencia se transmite por vía paterna), virilocal (cuando hay una unión entre mujer y hombre ésta se muda con la familia del hombre) y dradívica (tradicionalmente el matrimonio se hace entre primos cruzados). Esta organización da lugar a familias extensas organizadas en linajes o clanes que dan como resultado grupos con pertenencia étnica e identidad cultural particulares.

Las figuras de poder tradicionales están representadas por los chamanes, payés, cantores o narradores que son abuelos fundadores del linaje y que se encargan de tomar decisiones de suma importancia en relación con los rituales. Aquellos que se relacionan con las entidades estatales y ejercen funciones administrativas con el "mundo blanco” son llamados capitanes, gobernadores o secretarios. Sin embargo, su posicionamiento depende de la comunidad (en pocas los mayores ocupan los cargos administrativos).

La Constitución de 1991 dio autonomía a las comunidades étnicas para organizarse administrativamente de acuerdo con sus costumbres y cosmovisión.

Si bien en la práctica carecen de herramientas para ejercer esta autonomía, las Autoridades Tradicionales Indígenas se han caracterizado por surgir en zonas con relaciones culturales, geográficas y de parentesco. Actualmente hay unas 18 conformadas y dos adicionales -Consejo Regional Indígena del Vaupés o CRIVA y el Consejo Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena del Vaupés- que han asumido el rol representativo de las comunidades del departamento.

En general, y por múltiples razones, las comunidades están sufriendo un proceso de aculturación acelerado, que está llevando a la pérdida del conocimiento tradicional y al debilitamiento de su identidad cultural.

El proceso se originó hace varias décadas con los procesos de colonización; el ingreso a la zona de los misioneros; los grandes comerciantes de caucho, balata, siringa, pieles y recientemente de coca y la minería. Los mayores recuerdan vivamente los atropellos sufridos y su cronología.

La visita histórica de la Corte Constitucional a Mitú y sus alrededores sentará un precedente para reivindicar los derechos de la población indígena y la urgente necesidad de implementar soluciones integrales que se planifiquen y ejecuten bajo un enfoque diferencial y se construyan junto con las comunidades y autoridades locales.

“Tenemos unas cortes que pueden resolver problemas complejos”, observó Johnattan García, de la Universidad de los Andes.“La visita (de la Corte a) Vaupés es un llamado de alerta para el Estado y los colombianos, una oportunidad para apropiarnos de nuestro territorio”, recalcó.

Tomado de: www.semana.com